Arco Minero y ambiente

Publicado por Gesvilsur Gesvilsur  
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Con el nombre de Arco Minero del Orinoco, fue denominado el decreto que permitirá el desarrollo minero de una basta área al norte del Estado Bolívar, toca una parte del Amazonas y otra del Delta Amacuro, para una extensión total de 111.843,70 kilómetros cuadrados en el que se otorgarán en concesiones a unas 150 empresas mineras de diversas partes del mundo. Esto constituye aproximadamente 12% del territorio nacional.

Según explica el ex senador Alexander Luzardo, quien fuera el autor de las disposiciones ambientales de la actual Constitución Bolivariana, se trata de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico.

La zona protectora del estado Bolívar decretada en el año 1975 abarca 7 millones 262 mil 358 hectáreas, es la zona protegida más extensa de Venezuela. Esto da un promedio de 80% protegido del Estado Bolívar. Para el ambientalista Luzardo, esa es la gran creación de planificación que legó el período democrático “y sin eso no habría represa del Guri”, enfatiza Luzardo. El tema cobra relevancia cuando el pasado lunes Corpoelec publicó en su portal web que el nivel de agua de la represa había llegado a 244,89 metros sobre el nivel del mar (msnm), colocando a la represa a 89 centímetros del inicio del colapso eléctrico que es de 244 msnm.

De allí que considere  el especialista en derecho político ambiental, que ese decreto, que abarca una extensión del territorio dos veces el tamaño del Estado Zulia, constituya el sacrificio ecológico de una gran parte del territorio que afectará a generaciones presentes y futuras. De allí que califique este decreto como un “crimen ecológico” solo comparable al efectuado por la desaparecida Unión Soviética en el Mar de Aral.

En aquel caso emblemático para el mundo, se sacrificó el espacio marítimo en función del desarrollo agrícola para la producción de algodón. Pero los efectos posteriores  resultaron más dañinos que el beneficio económico perdiéndose gran parte del mar, volviendo sus aguas estériles y provocando la desaparición de unas 150 especies que vivían en el mar y ríos afluentes, como consecuencia de la contaminación.
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